Economía


Supermercados Día saldrá del Ibex en dos semanas y será sustituida por la compañía Ence ()
EFE La cadena de supermercados ha perdido el 87,2% de su valor  tras tres meses de gran volatilidad. Ence es un fabricante de pasta de papel y era una de las empresas favoritas para entrar en el Ibex. Supermercado Día El fabricante de pasta de papel Ence sustituirá a la cadena de supermercados Día en el principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, a partir del próximo 24 de diciembre, según ha decidido el comité asesor de este índice.  La compañía de distribución abandonará el IBEX 35, como vaticinaban los analistas en los últimos días, tras meses de gran volatilidad que le han hecho perder en el año el 87,2% de su valor y con una capitalización que roza los 318 millones. A lo largo de 2018 Ence, que junto a la operadora MásMóvil y Logista era una de las favoritas para entrar en el selectivo, apenas ha variado su cotización y su valoración en bolsa supera los 1.300 millones de euros.  Aunque el comité asesor técnico del IBEX analiza la liquidez de los valores para decidir la entrada y salida en el indicador, también puede optar por sacar a una compañía si su capitalización media es inferior al 0,3% de todo el IBEX 35 durante el período de control. En este caso, el periodo analizado será desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.  El comité del IBEX 35, compuesto por ocho miembros, analiza en su revisión si en la composición del indicador están los valores más líquidos, es decir, con mayor capitalización, pero también, los que tienen una negociación activa. En palabras del presidente del comité asesor técnico del IBEX 35, Mikel Tapia, estar en el índice "es como estar en la Champions, si no, no apareces". La próxima reunión de seguimiento será el 7 de marzo de 2019.
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El Tribunal Supremo obliga a devolver a los consumidores otros 100 millones por la plataforma Castor ()
EFE Se estima el recurso presentado por la patronal Cecot. El Gobierno dispone de dos meses para reintegrar las cuantías. Todo sobre el Proyecto Castor. Castor El Tribunal Supremo (TS) ha obligado al Estado a reintegrar más de 100 millones de euros al sistema gasista en concepto de las sumas abonadas a Enagás durante 2016 por las tareas de mantenimiento del almacén de gas subterráneo Castor, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón), ahora hibernado. En su sentencia, la sala de lo Contencioso-Administrativo, que el pasado noviembre ordenó el reintegro de otros 18 millones de euros por el mismo concepto en el ejercicio anterior, vuelve a estimar un recurso de la patronal catalana Cecot contra la orden ministerial de 2015 que establecía los peajes de acceso a estas instalaciones. En el primero de sus escritos, la Cecot alegaba, entre otras cuestiones, que la orden recurrida se basaba en el Real Decreto-ley 12/2014, algunos de cuyos preceptos fueron declarados inconstitucionales en diciembre del año pasado. Por el contrario, las demandadas -Administración y Escal UGS, sociedad participada por ACS que construyó el almacén- sostenían que la declaración de inconstitucionalidad de determinados apartados de la norma no implicaba que fuera contraria de derecho. A este "precedente de interés" remite el Supremo, que extrapola los argumentos del fallo dictado hace apenas un mes al presente caso, con la única diferencia de que en esta ocasión la orden enjuiciada es de 2015 "y se proyecta sobre el 2016". Por ello, explica la sentencia adelantada por el diario El País, acuerda unificar su doctrina, dándole la razón de nuevo a la patronal y condenando a las demandadas al pago adicional de 4.000 euros en costas. El Gobierno dispone de dos meses para reintegrar las cuantías Según el presidente de la Cecot, Antoni Abad, el éxito de estos recursos hará "que el resto (otros dos por las órdenes ministeriales para los ejercicios 2017 y 2018) tengan un veredicto positivo para los consumidores de gas". En un comunicado, la patronal explica que el Gobierno dispone de dos meses para reintegrar las cuantías; mientras tanto, permanece atenta a la articulación de un mecanismo de devolución del importe repercutido en las facturas de gas de los consumidores desde el 2014 "por el mantenimiento de una infraestructura que no se ha llegado a poner en funcionamiento, ni prestado servicio alguno". En septiembre de 2013, el Ejecutivo suspendió la actividad del almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona; cuatro años después, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto
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Los desahucios de inquilinos siguen al alza: crecen un 8% en el último trimestre ()
EP Se encadenan ya quince meses consecutivos al alza de lanzamientos por arrendamiento, sgeún el CGPJ. De los 11.547 practicados, el 65,1% se produjo a consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). A FONDO: La nueva ley hipotecaria ampliará el plazo para iniciar un desahucio. Stop Desahucios Granada 15M para un desahucio Los lanzamientos hipotecarios o desahucios por impago de las cuotas de alquiler han aumentado un 7,9% entre julio y septiembre, con lo que encadenan ya quince meses consecutivos al alza y frenan la caída de un total que vuelve a su tendencia bajista y pierde un 0,3%. El informe sobre los Efectos de la crisis en los órganos judiciales publicado este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), advierte además del aumento en los concursos de acreedores presentados por personas físicas, que se duplican con respecto a 2017, y de las demandas por despido, que suben un 2,2%. Respecto a los desahucios, de los 11.547 practicados, el 65,1% -7.238 procedimientos- se produjo a consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que contrasta con los vinculados a ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta por el impago de una hipoteca, que se redujeron un 16,2%, y consolidan tres años de caída. El 5,4% restante se produjo por otras causas, informa el CGPJ, que aglutinó 13.446 solicitudes de lanzamiento, un 4,7% más que respecto al mismo periodo del año anterior, de las cuales 7.894 terminaron con cumplimiento positivo (un 1,6% menos). Con todo, recuerda en nota de prensa, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado a los servicios comunes de notificaciones y embargos no supone que éste haya sido ya ejecutado. Por comunidades autónomas, Cataluña, con 2.531 (el 21,9% del total nacional) registró el mayor volumen de desahucios ejecutados durante el trimestre, seguida por Andalucía, con 1.894; Comunidad Valenciana, con 1.575; y Madrid, con 1.238. Estos cuatro territorios acumularon el 62,7% del total de lanzamientos practicados en España en el tercer trimestre de 2018. Asimismo, el informe destaca el incremento de las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de una hipoteca, durante estos meses, cuando despuntaron un 14,4% hasta las 6.315, con Cataluña a la cabeza, donde la subida media fue del 109,1%. La PAH alerta de que se llegará a los desahucios de 2013 La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha destacado que desde enero a septiembre de 2018, ambos incluidos, se han producido 44.606 desahucios, y denunciado que "desde el Gobierno, y pese a su reiterada retórica al respecto, no se ha adoptado medida alguna". Así, la PAH ha alertado de que se podría acabar el año "en cifras cercanas a las mayores de los años en crisis, como las de 2013". Estos datos ratifican "la situación de emergencia habitacional, las burbujas del alquiler y la compra de viviendas, de las que ya alerta incluso el FMI" añade la PAH en un comunicado en el que critica que "la posición negativa del PSOE en relación con la Ley de Crédito Inmobiliario, blanqueando o moderando cláusulas ya declaradas abusivas por los tribunales como la importante del Vencimiento Anticipado y excluyendo la dación en pago así como la limitación de la responsabilidad, lo que va a permitir que la gente pueda seguir siendo desahuciada y permanecer después endeudada".
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La eterna espiral del becario: de práctica en práctica sin la garantía de obtener un contrato laboral ()
MANUEL BESTILLEIRO Se dan todo tipo de situaciones para seguri siendo becarios a través un convenio universitario con las empresas. Unos posponen asignaturas, otros retrasan trabajos de fin de grado o se inscriben en cursos que no necesitan. "Sabía que sin convenio universitario no me iban a contratar en ningún sitio", relata uno de los testimonios. Cristina García y Adrià Junyent Estudiantes que se ven obligados a posponer asignaturas. Otros, que se ven forzados a atrasar trabajos de fin de grado y de máster. Algunos incluso admiten que se inscriben en cursos que ni siquiera necesitan. Todo, para que puedan seguir ejerciendo prácticas como becarios a través un convenio universitario con las empresas. "Sabía que sin convenio universitario no me iban a contratar en ningún sitio", cuenta a 20minutos Cristina García, graduada en periodismo y estudiante del máster en Estudios Avanzados de Comunicación Política. Una formación que compatibiliza con unas prácticas extracurriculares que realiza mediante el convenio con la universidad en un organismo público y que tiene un precio de 2.843 euros. Hasta 25.233 estudiantes universitarios se encuentran haciendo este tipo de prácticas en España. Representan algo más del 35% de la cifra de becarios actual, que se sitúa en 70.453, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El resto, son becarios que participan en programas de formación, desempeñan prácticas no laborales en empresas, prácticas curriculares y reciben beca para la formación e investigación. La dificultad para obtener un contrato laboral tras finalizar los estudios universitarios hace que ni siquiera las prácticas extracurriculares —aquellas que no son obligatorias para obtener la titulación— sean un camino hacia un puesto de trabajo. Y no solo es eternizarse en enlazar beca tras beca sin un contrato final. Sino que se suma el gasto económico que conllevan las matriculas universitarias tanto a estudiantes como familiares. La búsqueda de empleo, "un completo fracaso" Se trata de una circunstancia en la que hay que tener en cuenta "la influencia de la clase social" a la que pertenezca el estudiante, denuncia Carlos Gutiérrez, Secretario de Juventud y Nuevas Realidades de Comisiones Obreras (CC OO). Además, subraya que este tipo de prácticas "no son garantía de continuidad" en el trabajo. Los datos sobre la situación del empleo juvenil en España no invitan al entusiasmo. Con un 36,3% de paro entre los jóvenes, el país se sitúa segundo de la Unión Europea tras Grecia, según el Estudio de Población Activa. Además, dentro de ese porcentaje de desempleados, cerca del 9% tienen titulación universitaria. De ahí que muchos estudiantes no tengan altas expectativas ante lo que promete el mercado laboral. Adrià Junyent, también estudiante de máster en Estudios Avanzados de Comunicación Política y, a su vez, secretario general del sindicato Frente de Estudiantes, asegura que "no esperaba mucho" cuando se matriculó en Ciencia Política. Por eso ingresó el pasado verano en el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Catalunya; para poder hacer prácticas, pese a que su remuneración era de 170 euros. O como Cristina García, que cursó el máster para, además de ampliar sus conocimientos, "alargar la entrada en el mundo laboral". A lo largo de su periodo académico ha pasado por diferentes empresas como becaria, llegando a "realizar prácticas gratis" y recuerda que, como mucho, llegó a ganar "280 euros por 5 horas diarias". La estudiante ha compaginado las clases y las prácticas con otro trabajo. Cuenta que en una de las empresas donde estuvo le rescindieron el contrato porque no le permitían faltar algunos días por tener que acudir a su otro trabajo. Tras aprobar las asignaturas, ha optado por alargar la entrega del Trabajo de Fin de Máster para poder seguir haciendo prácticas, ya que la búsqueda de empleo durante el verano "ha sido un completo fracaso", lamenta. El modelo "debe ser eliminado" El modelo de prácticas extracurriculares "debe ser eliminado", opina Gutiérrez. El representante de CC OO entiende que es "necesario" que la relación que exista entre estudiante y empresa sea "laboral" ya que "no son garantía de continuidad" en el trabajo. Para la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), sin embargo, este modelo supone "una vía de acceso" al mercado laboral, que permite al estudiante obtener "oportunidades y contactos personales". Así lo explica Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la patronal, que apunta que esta "vía de acceso" hacia una oportunidad laboral no está presente en todas las universidades. García Viña, además, entiende que para la universidad es una oportunidad para "destacar el grado de empleabilidad" que tienen sus alumnos. Tampoco pasa por alto a las empresas, a quienes permite hacer un "proceso de elección" entre todos aquellos estudiantes que quieran un empleo. Uno de los grandes inconvenientes —también señalado desde la patronal— es que, en algunos casos, desde las universidades no se tiene un total conocimiento de las labores desempeñadas por el estudiante durante sus prácticas. No obstante, desde la CEOE estiman que "la mejor manera de aprender es desempeñando la labor para la que has estudiado". Eso sí, "siempre que las tareas realizadas aparezcan estipuladas". Cristina recuerda que, aunque la mayor parte de las veces hacía las tareas especificadas en su beca, hubo una temporada en la que una compañera y ella tuvieron que "sacar adelante el trabajo de un compañero" y "resolver los problemas que ello ocasionaba". Mientras que Adrià pone de ejemplo el caso de un compañero "que realizó una Formación Profesional de fotografía y acabó barriendo un Fotoprix". Desde el Frente de Estudiantes exigen prácticas de "mayor calidad", basado en el "seguimiento por parte de la institución de educación" para determinar que las tareas del estudiante "tienen que ver con sus estudios y no se le exija el mismo nivel de trabajo que al resto de trabajadores". Por su parte, Comisiones Obreras (CC OO) aconseja al estudiante que, si existe relación laboral, "contacte con el sindicato, describa su situación y denuncie ante Inspección de Trabajo o la instancia judicial correspondiente". De este modo –dicen– se visibilizaría "el fraude y la desigualdad".
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La nueva ley hipotecaria ampliará el plazo para iniciar un desahucio ()
EMILIO ORDIZ La norma se debatirá este martes en comisión y después irá al pleno para salir adelante. Supone la trasposición de la normativa de la UE con dos años de retraso. Puntos clave de la nueva ley hipotecaria que podría entrar en vigor en marzo. Piso en venta Dos años. Ese es el tiempo que lleva de retraso la aprobación de la nueva ley de crédito inmobiliario, conocida de manera más simplificada como ley hipotecaria. Se trata de una transposición de la normativa europea, y ahora, con algún retoque, saldrá adelante primero en comisión –donde se debate mañana– y posteriormente en el pleno del Congreso. Los grupos parlamentarios mantienen posiciones distintas, pero alaban el "alto grado de consenso" que se ha alcanzado. Más dificultades para el desahucio Se acabó que la entidad bancaria pueda iniciar la ejecución hipotecaria a los tres meses. En la nueva norma se incluirá que esto solo pueda producirse a partir de 12 cuotas impagadas o el 3% del capital principal prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, y se ampliará a 15 cuotas y el 7% en la segunda mitad. Esta parte de la ley contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Unidos Podemos, que lo sigue considerando "una cláusula abusiva", en palabras del diputado Rafael Mayoral. "El texto no responde a las necesidades de los ciudadanos, es una ley que se centra en proteger a los bancos", sentenció. Comisión por amortización La ley contemplará también una comisión de amortización por reembolso anticipado mayor en el caso de los contratos a tipo fijo que en los de tipo variable, con el fin de dar más estabilidad al sistema financiero. Y es que en el caso de los contratos hipotecarios con tipos fijo, la entidad financiera debe garantizar las coberturas de ese interés (que actualmente es más alto que el variable) así como la financiación a largo plazo. El PSOE, el PP y Ciudadanos están de acuerdo y abogan porque se fomente para evitar inseguridades a lo largo de la vida del préstamo hipotecario. En palabras del diputado socialista, Gonzalo Palacín, el texto que saldrá de la comisión "mejorará" al que entró de la mano del Gobierno de Rajoy en este sentido. Reparto de los gastos Otro de los puntos que tienen efecto directo sobre el cliente es el que refleja el reparto de los gastos. Esta parte se acordó a principios de noviembre y establece que los gastos notariales vinculados a la firma de la hipoteca sean pagados por la banca y que los de tasación sean abonados por el cliente. Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario. Unidos Podemos fue de nuevo el único grupo parlamentario que rechazó esta parte. Ficha informativa previa Antes de firmar la hipoteca, el consumidor deberá recibir con siete días naturales de antelación respecto a la fecha de firma del contrato hipotecario por parte del banco una ficha de información normalizada con las principales características del contrato y otra estandarizada con advertencias en la que se incluyen cláusulas sensibles. Es otra de las ventajas que consiguen los clientes en el marco de esta nueva norma. Actos jurídicos documentados Una de las partes que quedan pendientes para debatir en comisión es la manera de incluir en la ley el impuesto de actos jurídicos documentados, que según un decreto ley aprobado por el Gobierno de Sánchez dicha tasa será pagada por el banco y no por el cliente. Cabe resaltar que también se ha incluido una cláusula propuesta por Cs por la cual las entidades se dividen los gastos en caso de subrogación (cuando el cliente traslada la hipoteca de un banco a otro). Desde el PP plantean que el objetivo debe ser que la ley "sea clara en su redacción".
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