Economía


Trucos que los supermercados usan para que acabes comprando lo que ellos quieren ()
20MINUTOS Doce 'trampas' que te ponen para que compres más de lo que necesitas. Supermercado Los supermercados cuentan con sus estrategias para intentar influir en qué compras y la forma en que lo haces. Si hace una semanas te contábamos hasta 12 trucos que emplean para que compres más de lo que necesitas, hoy es el momento de ver cómo se las apañan para intentar que compres los productos que ellos quieren. El proceso de compra suele ser algo monótono en el que se repiten numerosas rutinas por parte del consumidor, que apenas han cambiado a lo largo de estos años si exceptuamos que la crisis ha provocado un aumento considerable de cuota en el caso de las marcas blancas. Por este motivo, las cadenas de supermercados tratan siempre de influir en el consumidor, como apuntan desde ABC, donde señalan las formas en las que tratan de 'manipular' las decisiones del cliente para adquirir las marcas que los diferentes establecimientos quieren. Entre estos trucos están evitar que el cliente recorra los pasillos de forma lógica, separar los productos de primera necesidad y situar al lado de ellos otros menos relevantes, pero que puedan generar interés y sensación de recompensa en la persona, también establecer 'islas' con productos determinados en zonas de espera, usar la zona central del pasillo (donde se para más el consumidor) para colocar los productos a los que la cadena quiere dar salida. También ubicar determinadas marcas a la altura de los ojos o en góndolas a la altura de las manos, etc.
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Procesan a la excúpula de iDental por defraudar 23 millones a la Seguridad Social ()
EFE De la Mata cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos contra la Seguridad Social. Caso iDental: el mayor escándalo odontológico de la historia de España. Clínica iDental El juez del caso iDental, José de la Mata, ha procesado a siete personas integrantes de la excúpula del grupo odontológico por 24 delitos contra la Seguridad Social que causaron un perjuicio de 23,6 millones a las arcas públicas, dentro una pieza separada de la causa que será la primera en ser juzgada. El magistrado ve indicios para juzgar a los primeros administradores del grupo, Vicente Castañer y Antonio Javier García Pellicer, así como a los posteriores propietarios, Luis Sans Huezas y los hermanos José María Garrido López y Juan Garrido López. También a otras dos personas que colaboraron con ellos, José Luis González y Domingo Bejarano Calabuig. Cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos contra la Seguridad Social y cifra en 23,6 millones el perjuicio económico que han causado los impagos del grupo iDental y del Instituto Odontológico Asociados (IOA, con el que intentaron repetir la estafa). De esta manera, el magistrado finaliza la investigación de esta pieza de la macrocausa, que se sigue por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo, lesiones y contra la salud pública. De la Mata considera que el grupo iDental empezó a acumular irregularidades cuando García Pellicer y Vicente Castañer ocupaban los cargos de responsabilidad en sus empresas y que continuaron creciendo tras el relevo de éstos y el nombramiento de González Sánchez. Detalla las distintas etapas de iDental y del IOA entre 2015 y 2018, en las que los investigados desarrollaron maniobras que "señalan el ánimo defraudatorio de los responsables del grupo, que revelan el vaciamiento patrimonial del mismo mediante la salida de fondos o generando ficticias obligaciones para su provecho en caso de convenio concursal". Dos etapas El juez distingue dos etapas en el fraude de iDental, una primera en la que se acumularon 8,5 millones de deuda y una segunda en que llegó hasta los 16,6 millones. A esto suma un tercer periodo, cuando se trató de repetir la estafa con el Instituto Odontológico Asociados en el que los impagos fueron de 1,7 millones. En una primera etapa, estando al frente de las 55 empresas del grupo iDental Castañer y García Pellicer, concluye que los impagos acumulados "en distintos periodos de los años 2015, 2016 y 2017 suman 8.514.927 euros de deuda principal". En un segundo periodo, la responsabilidad en estos actos defraudatorios recae en Sans y los hermanos Garrido López, mientras que González habría cooperado como testaferro. Sans vivió la etapa en la que, según el juez, "la realidad es la inexistencia de financiación y el hecho de que, la que se utilizó, provenía de inversores externos en otro grupo de clínicas dentales (IOA) que los mismos responsables desviaron a iDental". A estas cifras, De la Mata añade los impagos de las empresas del grupo IOA, que suman 1, 7 millones de 2017 a noviembre de 2018, y de los que el juez responsabiliza a Sans, a los hermanos Garrido y al presunto testaferro Domingo Bejarano Calabuig. "La ocultación de los socios reales de la empresa deudora, la utilización de testaferros y las deudas muy elevadas con la Tesorería General de la Seguridad Social" unido al "desvío de fondos a estructuras empresariales particulares" denotan, dice el juez, "una planificación previa". Eso, prosigue el auto, "incluye la circunstancia de no pagar, por tanto, existe el ánimo de defraudar los intereses legítimos de la Seguridad Social". Tras el auto de paso a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), ahora las partes deberán presentar sus escritos de acusación y defensa y luego se dictará la apertura de juicio oral.
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FACUA denuncia a Tomavistas, Iruña Rock y otros festivales por no permitir el acceso con comida y bebida ()
EUROPA PRESS Considera que, al ser la celebración de conciertos la actividad principal, esta cláusula es abusiva. Interestelar Sevilla 2019 FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a los festivales de música Tomavistas, Interestelar Sevilla, Iruña Rock Festival y Spring Festival, que se celebran los días 24 y 25 de mayo en Madrid, Sevilla, Pamplona y Alicante, respectivamente, por prohibir el acceso a sus instalaciones con alimentos o bebida adquiridos en el exterior, según ha señalado en un comunicado. Las denuncias han sido presentadas contra las promotoras de dichos festivales ante las administraciones de consumo de las provincias donde se celebran los eventos. Se trata de las empresas Interestelar Music SL y The Music Republic (Interestelar Sevilla), Tomavistas Música SL (Tomavistas), Irufest Producciones SL (Iruña Rock) y Producciones Baltimore SL (Spring Festival). Esta última empresa ya había sido denunciada anteriormente por este mismo motivo en el Low Festival. Según argumenta FACUA, "dado que la actividad principal de estos eventos es la celebración de conciertos y no la hostelería, se puede considerar abusivo prohibir el acceso al recinto con comida y bebida procedente del exterior, ya que según puede verse en sus páginas web existen establecimientos para adquirir alimentos dentro sus instalaciones". Por ello, recuerda que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera que "no permitir la entrada con comida y bebida de fuera puede ser una cláusula abusiva" según el artículo 82.1, que establece como tales todas aquellas prácticas que causen "un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato". Asimismo, la Comisión de Cooperación de Consumo estableció en su consulta número 5 del año 2000 que "las cláusulas en las que se impone al consumidor limitaciones en orden a la adquisición de los productos sin fundarse en circunstancias objetivas, deben ser consideradas abusivas". Además, FACUA también señala que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sobre la prohibición de entrar a los cines con comida y bebida, recoge que "resulta irrazonable entender la limitación de la capacidad de elección del consumidor" y que "si se limita la posibilidad acceder a la sala en función de la procedencia de los productos y sólo se pueden consumir los adquiridos en su interior, resulta que de manera indirecta se está imponiendo que utilice servicios que en principio no ha solicitado pero que se ve forzado a pedir a la propia empresa". La asociación también recuerda que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) publicó en 2016 un informe, también relacionado con la prohibición en cines, en el que concluía que existía una "cláusula abusiva" ya que el consumidor "se ve privado de la prestación principal, de forma injustificada, habiendo abonado la entrada".
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El Gobierno fija en 3.305 millones la factura máxima que abonará a los dueños de las autopistas en quiebra ()
EFE El Estado asumió su gestión a partir de 2018. Son gratis de doce de la noche a seis de la mañana. A FONDO: Así es el agujero de solución imposible. Autopista rescatada El Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) que tendrá que abonar el Estado a los dueños de las concesionarias de las nueve autopistas quebradas por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción. La cifra máxima por las obras de construcción asciende a 2.917 millones y la de expropiaciones de terrenos a 388 millones, según la resolución de Fomento que establece el método para el cálculo de la RPA y que publica este viernes el Boletín Oficial de Estado (BOE). A estas cantidades hay que sumar el coste de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías y que, según la resolución, queda pendiente de determinar. Por otra parte, de la cifra de obras y expropiaciones no amortizadas (vía peajes) se restarán las inversiones que se consideran necesarias para la "puesta a cero" de estas autopistas o coste de reposición. Según una auditoría encargada a Ineco, las autopistas rescatadas requerían inversiones de, al menos, 317,6 millones hasta 2022, tanto para su puesta a punto como para hacer frente a nuevas actuaciones. En octubre de 2017, el Ejecutivo detalló en el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas que el gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000 millones de la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que estaban entonces en concurso de acreedores. La estimación de RPA se rebajó posteriormente a 1.800 millones de euros, mientras que los fondos acreedores la cifran en unos 4.500 millones, de los que 400 corresponderían a intereses de demora, y la patronal de concesionarias y constructoras Seopan en 4.032 millones (a fecha de diciembre de 2016). Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera. Estas vías han pasado a estar gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) desde que las concesionarias que las gestionaban entraron en liquidación, a la espera de que el Gobierno decida si saca de nuevo a licitación su explotación y mantenimiento.
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La CNMC abre expedientes a siete operadores, entre ellos Orange, BT y Vodafone, por supuesto mal uso del 902 ()
EFE Estos números no están incluídos en las tarifas planas de telefonía, por lo que el operador fija el precio deseado. Teléfono móvil La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado distintos expedientes sancionadores a siete operadoras ya que, presuntamente, estarían ofertando la contratación de la numeración 902, "proporcionando un beneficio económico a las empresas que les contrataban estos números". Las empresas a las que se les ha incoado los expedientes sancionadores son Dialoga Servicios Interactivos, Alai Operador de Telecomunicaciones, Operadora de Telecomunicaciones Opera, Orange España, BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, Vodafone España y Xtra Telecom, según ha explicado la CNMC en un comunicado. El organismo regulador ha detallado que este hecho podría suponer una infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones, "al implicar el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos incluidos en los planes de numeración". Ha señalado que con frecuencia las empresas contratan los 902 y de esta manera tienen centralizados sus servicios bajo el paraguas de un mismo número, "muy habituales en servicios de atención al cliente". Se trata de un “número inteligente” que permite a la empresa conocer desde qué lugar geográfico se hace la consulta o a qué hora y le permite mejorar sus servicios, ha agregado. Sin embargo, el precio de estas llamadas resulta más elevado que las llamadas a números geográficos, ya que no está incluido en las tarifas planas que son actualmente mayoritarias en la contratación de servicios de telefonía, ha apuntado la CNMC. Esto, según la CNMC, permite al operador fijar el precio que considera oportuno. La incoación de estos procedimientos no prejuzga el resultado final de la investigación. Se ha abierto, a partir del acuerdo de incoación, un periodo máximo de 12 meses para la instrucción de los expedientes y para su resolución por la CNMC.
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